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República Bolivariana de Venezuela. Comunicado oficial

La República Bolivariana de Venezuela reivindica ante la Comunidad Internacional su condición constitucional de Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos, cuyo disfrute y protección se garantizan conforme al principio de progresividad, sin discriminación alguna, mediante un robusto andamiaje institucional.

Al incorporar la defensa de los Derechos Humanos como política de Estado, la Revolución Bolivariana partió en dos la historia venezolana en esta materia. Atrás quedaron las décadas en las que la violación de los derechos fundamentales de la población era la regla, avalada por las autoridades de entonces y controlada desde la propia Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. No es secreto que los servicios de inteligencia política venezolanos llegaron a estar dirigidos por siniestros agentes confesos de la CIA, como el connotado terrorista Luis Posada Carriles, conocido por implantar atroces técnicas de tortura y persecución. No en balde, fue durante la falsa democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX cuando surgió la figura de los desaparecidos políticos, comúnmente aplicada después en las dictaduras del cono sur, a través del Plan Cóndor.

Venezuela rechaza categóricamente las acusaciones levantadas en su contra en relación con el respeto a los derechos humanos, particularmente desde el Gobierno imperialista de Estados Unidos, cuyo cinismo es tal, que a pesar de haberse constituido en el mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad, a partir de la creación de guerras sangrientas por recursos naturales, bloqueos económicos inhumanos, validación de métodos de tortura dentro y fuera de su territorio, trato denigrante a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y el enjaulamiento de menores de edad, entre otras innumerables faltas a la dignidad humana en el mundo entero, se permite hacer señalamientos contra el Estado venezolano sobre casos en los que el sistema de justicia ha actuado de manera inmediata, con diligencia y firmeza, para sancionar con todo el peso de la ley a cualquiera que resultara responsable durante el desarrollo de las investigaciones.

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